Defensa de la Competencia, el atajo de Energía para controlar sin intervenir

by • 9 enero, 2018 • ArgentinaComments (0)

Si mientras se discutía la reforma previsional alguien hubiese hecho público alguno de los varios cálculos posibles que muestran el aporte del Estado a las petroleras posiblemente hubiera subido varios grados la temperatura del debate.

Un estudio en ciernes de una conocida consultora privada consigna que la transferencia de recursos a esas empresas habría sumado u$s 25.000 millones en el último trienio. La mayor parte por convalidar un crudo más caro que en el resto del mundo. Es decir, fue una contribución de los consumidores; unos 7500 millones por los planes estímulo a la producción que financió la caja pública.

Puestos en la misma página, el ahorro del gasto estatal a costa del haber jubilatorio y los planes de aliento a la producción de petróleo configuran una incorrección política.

Un eventual justificativo de Casa Rosada a ese cuadro irritante podría ser el del mal menor: sin el aliento oficial, la producción de hidrocarburos podría caer aún más y promover otras desgracias económicas. Otro es que todas las "interferencias" estatales están condenadas a morir en el corto plazo y sólo son parte de una transición hacia el libre mercado que el Gobierno plantea como Norte de su política.

En la agenda oficial energética hay hitos irrenunciables como erradicar subsidios a la oferta y a la demanda, dejar que los generadores privados compren su propio combustible y transferir a grandes usuarios contratos a largo plazo de compra de energía verde -en dólares y caros en términos relativos- que firmó Cammesa (a la sazón, el Estado).

Sin embargo, el anhelado fin del tutelaje estatal parece un cometido difícil. El mercado está lleno de vicios que lo alejan de la competencia perfecta consignada en los manuales y hay millonarias cuentas pendientes con los actores privados que requieren saldarse antes de estrenar cualquier otro esquema.

Está vigente la promesa oficial de que el barril de petróleo y las naftas oscilarán tanto cómo lo hagan en el mercado internacional. Pero nadie tiene certeza de que ese maridaje funcione. Menos aún de que los surtidores reflejen valores que resulten de una puja transparente.

Bajo el dominio de YPF, el mercado de los carburantes es oligopólico y lo seguirá siendo aún con la incorporación de nuevos actores como Trafigura, que acaba de comprar a Pampa la red de estaciones de servicio de Petrobras. Es un dato de la realidad que las naftas se mueven siempre para arriba y coordinadamente.

En el Gobierno nadie habla públicamente de cartelización. Pero la Comisión de Defensa de la Competencia ya puso el ojo en este mercado para desnudar sus debilidades. Esa es justamente la bala de plata que se reservó el Gobierno para corregir "desvíos" del mercado sin pecar de intervencionista: pasar el filtro de ese organismo, que puso la lupa en el sector.

Más de un allegado al macrismo sin responsabilidad de gestionar empieza a sospechar cierto apego de los funcionarios a intervenir más de lo que la literatura liberal manda. Quizás porque no tienen presente la complejidad del cuadro en el que el Estado cumple varios roles en simultáneo. Además de regulador, es socio en empresas de gran talla y aún aporta fondos para garantizar la operatividad de muchas compañías que fueron intervenidas de facto en los últimos años.

Esos aportes generaron una enmarañada situación de multimillonarias deudas cruzadas entre la caja pública y las empresas del sector. Las distribuidoras del interior, en su mayoría en manos de las provincias, deben por la electricidad que tomaron del sistema pero, al mismo tiempo, aspiran a cobrar de la Nación una compensación por haber mantenido congeladas sus tarifas a cambio de obras que no siempre se hicieron con los fondos girados de Buenos Aires.

Los números pueden ser de rutina para el dinero que moviliza el sistema, pero resultan estremecedores para cualquier arca estatal deficitaria. Nación computa unos $ 18.000 millones de acreencias, que desde el interior se intentan rebanar contraponiendo varios conceptos en discusión.

Igualmente compleja es la discusión con las generadoras, que también sueñan con recibir pagos estatales por conceptos diversos. Todavía no hay ninguna cuenta consolidada. Pero apenas tengan algún reconocimiento se abalanzarán sobre los activos energéticos que el Gobierno pondrá en venta con el afán de capitalizar esos créditos.

Habilitar el imperio del mercado y priorizar el capital privado no le está resultando una tarea muy sencilla al macrismo. Pero antes que ese desafío estratégico, Juan José Aranguren debe resolver la inminente reestructuración interna de su ministerio, a fin de achicar la estructura y reformular algunos roles.

El recambio tal vez consolide las atribuciones del ministro aunque no lo libere del dilema de siempre: cómo ejercer (y disfrutar) el poder sin gestos que lo hagan pecar de intervencionista.

(Por Cledis Candrlaresi)

Lea nota completa en Cronista

Related Posts

Comments are closed.

Facebook