El Gobierno permitió el fracking y ahora promete regularlo

by • 18 agosto, 2017 • ArgentinaComments (0)

La Justicia archivó un amparo ambiental en donde se acusó al Gobierno de autorizar el proceso de estimulación hidráulica sin llamar a audiencia pública.

La historia es así: el Gobierno autorizó a la empresa El Trébol a explorar cuatro pozos petroleros en el yacimiento Puesto Rojas en Malargüe mediante el cuestionado procedimiento de fracking. Como reacción, organizaciones ambientales interpusieron tres recursos de amparo aduciendo que no se hizo audiencia pública ni declaración de impacto ambiental. Hoy, y como lo anticipó MDZ, la Justicia desestimó uno de ellos y como efecto colateral terminó favoreciendo al Ejecutivo que, ahora sí, se comprometió a reglamentar la estimulación hidráulica.

Después de más de cuatro horas de deliberaciones en la audiencia de conciliación que se realizó a puertas cerradas en el Palacio Judicial, este jueves, María Eugenia Ibaceta, a cargo del 24º Juzgado Civil, resolvió archivar el recurso de amparo que interpuso la Federación Argentina de Espeleología (dedicada al estudio y protección de cavidades naturales) en contra del Gobierno, mediante el cual lo acusó de permitir la fractura hidráulica sin hacer una consulta popular ni un estudio de impacto ambiental. Como había adelantado MDZ, la jueza consideró que la causa devino "en abstracto" y terminó favoreciendo al Estado. Sin desconocer que la fractura hidráulica está muy discutida científicamente, que requiere de una reglamentación específica y de una audiencia pública, la doctora resolvió: "Archivo la causa porque el Gobierno ha acreditado que el trabajo que se realizó en el Puesto Rojas ha concluido (…) la fractura hidráulica se hizo y se cerró. Es un hecho consumado y no hay un interés jurídico actual".

Tras la decisión de la magistrada, el presidente de la Federación Argentina de Espeleología, Carlos Benedetto, manifestó cierto desconcierto y aseveró que apelarán su resolución. "Es preocupante (el fallo de Ibaceta) desde el punto de vista de la seguridad jurídica para los ciudadanos; se piensa mucho en la seguridad jurídica de las empresas pero para los ciudadanos de a pie parece que eso no corre". "Hay un modus operandi raro, por no decir sospechoso", se lamentó Benedetto y concluyó: "El delito continúa por más que la jueza dictamine que esto queda 'en abstracto'. El pueblo quiere saber de qué se trata lo que están haciendo. Si es necesario vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos".

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