Cooperativas, otro eje de la distorsión tarifaria

by • 14 agosto, 2017 • ArgentinaComments (0)

El mercado de la energía eléctrica no sólo presenta aún distorsiones entre las tarifas que se pagan en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. También está la situación de las 2,4 millones de conexiones atendidas por cooperativas, con precios que, por lo general, son superiores a los de las empresas distribuidoras. Así, el mapa del país presenta una amplia heterogeneidad en la factura que reciben los usuarios.

Facturas de distintos puntos del país que son atendidos por cooperativas presentan -salvo en Buenos Aires donde el precio es homogéneo- diferencias con las de ciudades del mismo distrito donde dan el servicio empresas estatales o privadas. Las diferencias pueden llegar hasta el 100%.

La explicación de la brecha es que en una industria de capital intensivo como es la eléctrica, prestar el servicio en mercados dispersos, como son los que tienen las cooperativas, es mucho más costoso. Hay pueblos en los que en 100 kilómetros de tendido de media tensión hay 20 clientes, mientras que en 100 metros de una ciudad hay más de 1000.

Jorge Lapeña, ex secretario de Energía de la Nación y director del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, dijo a LA NACION que, tomando en cuenta el alcance del servicio de las cooperativas -alrededor del 17% del total de las conexiones según la federación que las reúne- es "razonable analizar una recomposición tarifaria; es un universo importante y debe ponerse blanco sobre negro, ya que es lógico que los consumidores aspiren a una tarifa similar".

Hoy el precio al que compran la energía todas las distribuidoras es el mismo. La Nación unificó ese valor, y lo que varía es lo que cada provincia cobra por transporte y distribución, y el precio de venta a las cooperativas.

Por caso, la cordobesa Epec compra a $ 630 más impuestos el megavatio que distribuye, y las cooperativas de la provincia le pagan $ 980 más impuestos. La Pampa, en cambio, adiciona $ 100. "La magnitud de las diferencias en las tarifas aplicadas a usuarios, de similares características y consumo, por las distribuidoras -incluyendo las cooperativas- se explica por deficiencias en la regulación", señaló un ex funcionario nacional del área de energía. Admitió que las características propias de las distintas regiones del país hacen que los costos difieran, pero deberían estar "acotadas por las similitudes técnico económicas de las redes de transporte y distribución; disparidades más amplias hay que bucearlas también en las ineficiencias".

Desde la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (Face), Ricardo Airasca enfatizó que las diferencias tarifarias se fundamentan en un mercado más disperso y en una calidad superior de prestación: "No es lo mismo tender kilómetros de línea para llegar a un cliente que tenerlos concentrados, ni instalar un medidor a poco de pedido que una semana después".

Para las cooperativas, la solución es que cada provincia diseñe un fondo compensador constituido por un impuesto a la energía que paguen los usuarios; el modelo es el que ya funciona en Buenos Aires. "No hay que hacer demagogia, porque si no existiera el sistema cooperativo todos los clientes deberían pagar mucho más para que las empresas llegaran a esos pueblos".

Mario Vitale, gerente de la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de Buenos Aires (Fedecoba), apunta que por el fondo compensador creado por ley en 1997 (constituido por un tributo del 5% sobre el consumo neto de electricidad de los residenciales y del 3% de los clientes industriales) en la provincia rige una tarifa única. "Tiene un sesgo de solidaridad, el contraste son distritos donde -vereda de por medio- cambia el precio", consideró.

Aclaró que el fondo "compensa costos reales" y explicó: "Se calculó la tarifa económica que debería cobrarse y se estableció la necesidad real de ingresos" de las cooperativas. Santa Fe analiza un esquema similar y Córdoba encargó un análisis a la Universidad Nacional de Río Cuarto, del cual Epec ya tiene el resultado.

Para Lapeña, el fondo podría ser una opción. Pero advierte que se necesita un trabajo "serio" para no subsidiar ineficiencias. "Hay grandes y muy pequeñas diferencias en ese universo que deben tenerse en cuenta".

Otra salida sería que la diferencia saliera de Rentas Generales, que sea el Estado el que pague el mayor costo del distribuidor. Aunque la potestad para fijar tarifas en sus territorios lo tienen los gobiernos provinciales, la Nación podría unificar el precio de compra de las cooperativas.

No sólo los clientes residenciales afrontan mayores tarifas al recibir servicios de cooperativas; esto también impacta en las estructuras de costos de las pymes, lo que complica todavía más su competitividad.

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