Conflicto: una planta y 12 pozos están bloqueados

by • 14 junio, 2017 • ArgentinaComments (0)

Un conflicto por las regalías de los pueblos originarios mantiene bloqueada una franja de Vaca Muerta de entre 15 y 20 kilómetros cuadrados. La familia mapuche Campo Maripe mantiene un bloqueo en reclamo de la renegociación de los acuerdos económicos con la petrolera YPF por el uso de las tierras más rentables de la formación no convencional neuquina.

La petrolera frenó la fase de estimulación de 12 pozos con una pérdida equivalente a 250 mil metros cúbicos de gas por día. Además, congeló el proceso de mudanza de una planta de Facilidades de Producción Temprana (EPF), lo que implica congelar 10 millones de dólares y 100 fuentes laborales.

El conflicto que provoca estas consecuencias a YPF se extiende a toda la franja de Vaca Muerta comprendida al oeste de la Ruta 7, en Añelo.

Desde los 90 se creó una relación entre las petroleras y las comunidades mapuches que reclaman la propiedad de las tierras con rico subsuelo y han negociado convenios por encima de lo establecido en las leyes en reconocimiento de servidumbre, un canon al que tienen derecho los propietarios de las tierras que serán explotadas. Los acuerdos originarios comenzaron bajo la gestión de la española Repsol en YPF.

Durante la gestión de Miguel Galuccio en YPF, con la estatización del kirchnerismo, la tensión entre la empresa y las comunidades creció. Con el desembarco de Miguel Gutiérrez, de la mano de Mauricio Macri, la postura de YPF se fue endureciendo hasta llegar a la decisión de dar publicidad a la situación de tensión en el corazón de Vaca Muerta.

La petrolera controlada por el Estado ha levantado prácticamente en soledad una estrategia que contempla exponer el conflicto, que hasta hace unos meses permanecía en las sombras desde que se profundizaron las diferencias entre las partes.

El conflicto con la familia Campo Maripe es uno de los que está planteado sin vistas de solución. Las dos consecuencias principales para YPF generan pérdidas en producción y trabajo, de las que se puede hacer una aproximación cuantitativa. La paralización de la producción de 12 pozos, a los que, según la empresa, el bloqueo de protesta de Campo Maripe no permite llegar, representa una cantidad de gas con un costo de comercialización en boca de pozo que ronda los 60 mil dólares diarios. Esa cifra sólo considera el precio oficial del producto, pero el conflicto tiene otros costos, como el laboral, con las personas que no están ocupadas por no estar habilitados los pozos.

En puestos de trabajo, la consecuencia más cara para YPF del conflicto con Campo Maripe está relacionada con los puestos de personal de la construcción, pendientes por la imposibilidad del traslado de una planta EPF que está instalada al oeste de la Ruta 7 y se plantea en el sector opuesto, con una inversión estimada para la mudanza de 10 millones de dólares.

La compañía informó que el traslado está frenado sólo por el conflicto con la comunidad mapuche. Los requerimientos técnicos y de infraestructura para movilizar la planta esperan que se den las condiciones para hacer el cambio de predio. La nueva ubicación de la planta se proyecta fuera de las hectáreas que están incomunicadas por el bloqueo.

Otro foco en Loma La Lata

Mientras se profundiza el conflicto por la contradicción entre las pretensiones de la comunidad mapuche y los límites de disponibilidad que tiene YPF para negociar, las pérdidas no sólo alcanzan a posiciones petroleras en Vaca Muerta, también se registran consecuencias negativas para la economía de la empresa en los yacimientos del área convencional Loma La Lata.

En ese caso, por una protesta de la comunicad Kaxipayiñ están paralizados 14 pozos debido a una controversia por el canon que tienen que pagar la empresa por servidumbre.

Según la información a la que accedió este medio de fuentes del mercado, meses atrás se inició una renegociación de los convenios que regían la relación entre la petrolera y la comunidad Kaxipayiñ, que terminó en una ruptura. Luego sobrevino una denuncia penal de la comunidad contra funcionarios de la empresa que se desempeñan en la provincia y una manifestación frente a la sede de YPF en la calle Talero de la ciudad.

Los mapuches destacan la calidad ambiental de su pelea, mientras que desde la empresa se ve el costado económico de la trama, sin dejarse de lado la coyuntura política que le da contexto al conflicto con sus consecuencias.

Tensa relación con la provincia

Desde la sede local de YPF se elevaron 50 notas de quejas a la provincia por otras tantas interferencias devenidas del conflicto con las comunidades mapuches. De estas misivas, 17 fueron remitidas al ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente, Jorge Lara. El funcionario se ocupa de la política provincial hacia los pueblos originarios. En la zona donde se presentan las pujas más duras entre estas comunidades y el entorno es en la del petróleo y, desde hace unos años, en especial en Añelo.

El rol de La justicia y los gobiernos

El conflicto de YPF con los mapuches no ha sido atendido eficientemente hasta el momento por el Estado. Los referentes de la comunidad mapuche ven detrás de la difusión que le dio la petrolera al presente de la relación una avanzada para presionar a la Justicia a que decida el levantamiento de los bloqueos con las fuerzas de seguridad. La compañía ha pedido auxilio a la Justicia y a los gobiernos nacional y provincial. Los responsables dicen por lo bajo que ninguno de estos estamentos dio respuestas acordes.

También intervino con un pedido a la Justicia para que se meta de lleno el intendente de Añelo, Darío Díaz, en cuyo territorio tiene lugar la puesta en escena de conflicto.

El gobierno provincial mantiene una relación con las comunidades, a las que en muchos casos ayudó a institucionalizar.

(Por Javier Polvani)

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