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El Gobierno licitará la terminación de dos centrales eléctricas

by • 3 octubre, 2016 • ArgentinaComments (0)

Enarsa quiere desprenderse de los activos que posee en el negocio de generación eléctrica. La empresa estatal lanzará una licitación para vender o concesionar las centrales térmicas Ensenada Barragán, ubicada en La Plata, y Brigadier López (Santa Fe). Son centrales térmicas que están operativas pero cuya construcción quedó inconclusa por demoras del gobierno anterior. Por eso, la intención del Gobierno es vender o concesionar la central a algún privado con el compromiso de finalizar el proyecto, que prevé la instalación de una turbina de vapor para cerrar el ciclo combinado. Se requiere una inversión cercana a los US$ 250 millones, un monto que el Gobierno no quiere financiar por su impacto fiscal.

La trama contempla un capítulo engorroso por sus esquirlas políticas: antes de sondear el interés de los privados, Enarsa deberá rescindir el contrato de construcción que estaba a favor de la UTE conformada por Iecsa, la constructora de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y de la española Isolux. El consorcio le reclamó al Estado $ 5700 millones –unos US$ 380 millones al tipo de cambio oficial- por el incumplimiento de los términos contractuales establecidos para el proyecto Ensenada Barragán, una planta que aún se encuentra inconclusa. La presentación administrativa fue iniciada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y se mantiene viva hasta la actualidad.

El requerimiento económico se explica, en rigor, por tres puntos centrales: Calcaterra –que conduce las negociaciones con Enarsa en torno a Ensenada Barragán- cuestionó la aplicación del Decreto 1295/02 de Redeterminación de precios de obras públicas por no indexar el presupuesto del proyecto en base a la inflación real de la Argentina; advirtió que el Ministerio de Planificación, que dirigía Julio De Vido, modificó la ingeniería de la usina, por lo que generó un encarecimiento de los costos totales, que no fueron reconocidos; y solicitó fondos adicionales para pagar los suelos de los trabajadores afiliados a UOCRA que permanecen sin actividad desde hace 10 meses por la indefinición en torno al futuro del proyecto.

Lo concreto es que en los próximos días Enarsa rescindirá el contrato que favorece a Calcaterra. Estaba previsto que los documentos de cierre se firmen el 20 de septiembre, pero esta semana se decidió postergar la rúbrica hasta el 20 de octubre. Hugo Balboa, presidente de Enarsa, encabeza personalmente esas negociaciones con soporte del abogado Héctor Pozo Gowland, especializado en regulación del sector eléctrico. Lo curioso es que, una vez que se acuerde la rescisión, Enarsa volvería a contratar al Iecsa-Isolux bajo el esquema de contrato de “costo administrado” hasta que se concrete, dentro de algunos meses, el desembarco del nuevo privado que se hará cargo de terminar la central térmica.

El funcionamiento interno del consorcio Iecsa-Isolux se fue desgastando por la visión encontrada entre sus socios. El primo de Macri quiere cerrar cuanto antes el diferendo con Enarsa para evitar que el desgaste público y mediático comprometa sus planes de venta de Iecsa, que está cerrando un due dilligence con dos empresas chinas para salir del negocio de la construcción. Su contraparte española, en cambio, mantiene una postura de negociación más firme. Isolux está cargo de la construcción de la central Brigadier López en Santa Fe.

Balboa -que responde de manera directa al ministro Juan José Aranguren- no está dispuesto a reconocer la indemnización que reclama Calcaterra. Aceptaría pagar por los materiales acopiados en la central Ensenada Barragán, que tendrían un costo cercano a los $ 800 millones. Y otro tanto por productos e insumos que permanecen en el Puerto de Buenos Aires importados a nombre del tándem Iecsa-Isolux. La rescisión podría tener un costo de entre 1500 y 2000 millones de pesos. Aunque ese dinero se recuperará cuando Enarsa concesione o venda la central, coincidieron fuentes gubernamentales y privadas. “Iecsa propuso terminar la central a cambio de $ 4000 millones adicionales, pero esa posibilidad está descartada”, agregaron.

La construcción de Ensenada Barragán generó un  cúmulo de sombras y sospechas de corrupción en torno a los vínculos de Ángelo Calcaterra con el ex ministro de Planificación Julio De Vido. La usina ubicada a las afueras de La Plata es la más cara de las que lanzó el kirchnerismo. El Estado lleva invertidos cerca de US$ 1.100 millones cuando el presupuesto inicial no superaba los US$ 850 millones. Pese a eso, la planta se encuentra en funcionamiento sólo al 70% de su capacidad (genera 560 megawatt de energía con dos turbinas a gas) porque nunca fue terminada.

En la industria denuncian graves incongruencias técnicas en el desarrollo de la obra. La más flagrante es la construcción de un acueducto hasta el arroyo El Gato para descargar el agua utilizada en el proceso de refrigeración de la central. Fue una imposición del ex gerente de Energía Eléctrica de Enarsa, Santiago Pierro, que fue separado de su cargo en 2013 sospechado de favorecer a beneficiarios del programa de Energía Distribuida. Iecsa había propuesto, como se estila en este tipo de usinas, construir una torre de refrigeración de hormigón. Era la opción más más sustentable (porque permite reutilizar el agua utilizada en un sistema cerrado circular) y más económica. Sin embargo, Enarsa decidió –con el respaldo de la consultora internacional Boreua Veritas– modificar la ingeniería y ordenó la construcción de un acueducto de casi 4 kilómetros hasta el arroyo El Gato que encareció y complejizó significativamente el proyecto. El tendido de ese acueducto hoy permanece inconcluso y es uno de los aspectos técnicos que más engrosó el presupuesto inicial y hoy forma parte del resarcimiento que reclama Calcaterra.

(Por Nicolás Gandini)

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