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El laberinto de los subsidios

by • 12 septiembre, 2016 • ArgentinaComments (0)

Directa o indirectamente, la cuestión de los subsidios reaparecerá el próximo viernes en la audiencia pública durante la cual el ministro de Energía, Juan José Aranguren, oficializará la propuesta de aplicar a partir de octubre una suba más moderada de los precios en boca de pozo del gas natural, que reducirá a un promedio de 203% (sin impuestos) el aumento de las tarifas residenciales de transporte y distribución, diferenciado por categorías y regiones.

La audiencia no vinculante, que se realizará en la Usina del Arte de Buenos Aires y por videoconferencia permitirá la participación de quienes se inscriban en una docena de ciudades de todo el país, fue precedida en los últimos días por una profusa divulgación de los precios, tarifas y subsidios recalculados por el gobierno para acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y que incluso pueden consultarse en el sitio web del Enargas.

El precio en dólares del gas natural destinado al segmento residencial recorrerá un sendero ascendente a través de ajustes semestrales que lo llevarán del nuevo valor de u$s 3,42 por millón de BTU a u$s 6,78 en el 2019. En la región patagónica el punto de partida será más bajo (u$s 1,29) y el de llegada más largo, ya que se extenderá hasta el 2022. A la inversa, los subsidios estatales para cubrir la diferencia entre los precios y costos del gas importado (GNL regasificado) irán descendiendo de la misma manera, del 50% (81% en la Patagonia) a cero. Paralelamente, el esquema de tarifas de transporte y distribución será provisorio hasta que se concrete la revisión integral prevista para octubre, destinada a adecuar los márgenes y establecer planes de inversión obligatorios. Y también se mantendrá el precio subsidiado del Plan Gas en u$s 7,50 a fin de incentivar la producción, principalmente en Vaca Muerta.

Esto significa que los subsidios se reducirán progresivamente, pero tardarán en desaparecer. Otro tanto ocurrirá con la energía eléctrica, donde el precio mayorista tiene actualmente un subsidio mayor (65%) y las tarifas habían sido ajustadas de manera más gradual que las del gas. Aquí también está prevista una revisión tarifaria integral para octubre, después del segundo fallo de la CSJ que anuló la suspensión judicial de los aumentos en la provincia de Buenos Aires y convalidó los que regían desde febrero para el resto del país. Lo hizo al desestimar además la sentencia de la jueza federal de San Martín que desconoció la jurisdicción de los entes reguladores provinciales.

A lo largo de este proceso de judicialización quedaron claras dos realidades. Una, que lo que no se paga por tarifas se cubre con subsidios. Con un agravante: como los subsidios elevan el déficit fiscal y este se financia ahora con endeudamiento externo, el problema se traslada para los próximos años, a menos que se destine a aumentar la producción energética. De lo contrario, afectan proporcionalmente a quienes consumen menos y no más energía. Otra realidad es que ni el gobierno nacional ni los gobiernos provinciales y municipales parecen dispuestos a resignar una parte de los impuestos y tasas incluidos en las facturas, que llegan al 25% del total en las de gas y hasta 33% en las de electricidad y cuya recaudación sube con las tarifas. De eso no se habla.

De lo que sí se habla es de la bola de nieve en que se transformaron los subsidios con el correr de los últimos doce años, hasta desembocar en un intrincado laberinto de difícil salida.

Precisamente, el título de esta columna es el de una exposición que realizó días atrás Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), una de las entidades más reconocidas en cuestiones fiscales, en la sede porteña del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi.

Flores desgranó una serie de datos impactantes que vale la pena repasar para comprender la magnitud de su efecto macroeconómico:

En el 2015 los subsidios estatales al sector energético alcanzaron los $ 138.000 millones y las transferencias de capital para inversiones, $ 32.000 millones. En conjunto, representaron el 12% del gasto público nacional y el 75% del déficit fiscal.

Para el 2016 el presupuesto preveía subsidios energéticos por $ 116.000 millones (22% menos), pero por la mayor inflación y la devaluación del peso probablemente se ubiquen en 200.000 a 220.000 millones, sin considerar el efecto del fallo de la Corte.

Entre el 2005 y el 2016 la transferencia de fondos públicos a la energía creció 165 veces.

• El ritmo promedio de aumento fue de 65% anual, 31 puntos por encima del incremento de todo el gasto público.

El Estado destinó a subsidiar la energía dos veces y media más dinero que en Defensa y Seguridad, tres veces y media más que el presupuesto de las universidades nacionales y cinco veces más que la Asignación Universal por Hijo.

El 20% más rico se lleva el 20% de los subsidios al gas natural y el 20% más pobre, el 8%. Las tarifas más altas en el interior significan un subsidio implícito a los consumidores del área metropolitana de Buenos Aires, con tarifas más bajas.

• Del total de subsidios por $ 138.000 millones en el 2015, $ 89.800 millones correspondieron a Cammesa (por la compra de electricidad que vende subsidiada), $ 27.100 millones a Enarsa (compras de gas importado) y $ 11.000 millones al Plan Gas (subsidio al aumento de la producción “nueva”).

El titular de la ASAP considera que, si se tiene en cuenta que el Estado ya cubrió sus necesidades de financiamiento para el 2016 y que la deuda externa pública es relativamente baja (27% del PBI), no parece urgente una baja drástica de los subsidios. “Es más importante avanzar en la reducción de los subsidios que en la velocidad de su disminución”, sostuvo. También afirmó que no hay que confundir lo urgente con lo importante. “La baja de subsidios (y el consecuente aumento de tarifas) deprime el consumo de otros bienes y crea incertidumbre sobre los costos de las empresas. El gradualismo significa entender las distintas realidades sociales y geográficas”, concluyó.

Con un estilo más directo, también sorprendió una definición volcada por el economista Miguel Bein, exasesor del candidato presidencial Daniel Scioli en el 2015, al justificar por televisión la reducción de los subsidios. “El ‘tarifazo’, aun con todos los errores que es necesario corregir, es la consecuencia del ‘energicidio’ de los últimos doce años”, sentenció.

(Por NÉSTOR SCIBONA)

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IMPACTO FISCAL DE LOS SUBSIDIOS
Por Rafael Flores
 


 

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