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Bajar los impuestos que pagan las tarifas

by • 10 julio, 2016 • ArgentinaComments (0)

Durante el fin de semana el diario La Nación mencionó un incremento de la presión tributaria desde los años '90 que llevó al doble el total nominal de tributos a pagar. De hecho, la presión impositiva saltó de 17 puntos del PBI a 35 puntos pero considerando la inflación, el ABL y diversas tasas menores se llega al 40% del PBI: la Argentina se encuentra en el Top 5 de los países con mayor presión impositiva.

Por ese motivo es grotesco cuando le hacen hablar a Mauricio Macri de veloz integración con países con menor presión impositiva como los de la Alianza del Pacífico o los de la Unión Europea.

La opresión tributaria comenzó desde que los dirigentes políticos decidieron incrementar el gasto público (sin techo), y en los años K se agregó que, para practicar demagogia populista, con la excusa de morigerar la tasa de inflación, se congelarían las tarifas, y con impuestos se pagaría el subsidio emergente. Esta grave irregularidad no contempló la desinversión en infraestructura que estaban provocando para priorizar la glotonería del Fisco, al que le convenía esa táctica recaudatoria, en especial porque las facturas están cargadas con un 50% promedio de impuestos.

Permanece con Mauricio Macri el ridículo afán fiscalista de Cristina aplicado a un consumo (el de servicios públicos) que no debería sufrir especulación tributaria (porque son servicios públicos). A nadie se le ocurrió hasta ahora, por ejemplo, para no interrumpir las inversiones en el área energética, aumentar la tarifa técnica y en la misma proporción bajar los impuestos que están incluidos en la factura.

Conclusión: con un dólar de $15, salarios promedio de US$ 600, impuestos del 40% del PBI y ahora las tarifas más altas del mundo, la economía no podrá salir de la recesión.

Macri debería recordar el caso de su amigo chileno Sebastián Piñera, cuya imágen pública positiva se derrumbó más de 20 puntos cuando quitó estímulos a la educación gratuita y aumentó las tarifas de gas.

Ahora, algunos recortes de columnistas dominicales:

Claudio M. Chiaruttini en "Sin Saco y Sin Corbata" (Concepto FM):

"En política, y más cuando se gobierna un país, los errores de comunicación tienen consecuencias enormes. (...) De esta forma, lo que intentó ser el mayor esfuerzo del Gobierno para reducir el inmenso déficit fiscal que dejó el kirchnerismo tuvo que ser limitado, en un primer paso, por las protestas de clubes, Pymes, intendencias y sindicatos; pero como los aumentos no pasaron por el proceso que fija la Ley, una audiencia pública para cada servicio público, terminó por judicializarse y se encamina hacia una solución que no es ni administrativa, ni política, sino judicial, la peor para el PRO, ya sea que se apruebe el aumento, se rechace o se postergue en el tiempo.

¿Cómo es que cualquier resultado afectará al Gobierno? El tema sólo podrá ser tratado en la Suprema Corte una vez que asuma Carlos Rosenkrantz; y si se aprueba el aumento, se dirá que la nueva composición del Alto Tribunal es macrista; si se rechaza, todo el proceso de aumento queda en la nada, habrá que empezar de nuevo; y si es postergada, no ayuda a reducir el déficit fiscal como lo esperaba el Palacio de Hacienda.

En el camino, por haber llevado pesimamente este proceso, la imagen del Gobierno se ha visto muy dañada y un fallo del Alto Tribunal en contra mostrará debilidad política. Esto le causó a Mauricio Macri uno de los funcionarios al que le otorgaba más confianza. Y, mientras tanto, el proceso produjo aumentos desproporcionados precios impulsando la inflación y, aunque se deje de lado el ajuste, nadie va a retrotraer un solo precio.

Las buenas intenciones no alcanzan. Tener razón, tampoco. En la democracia moderna, el consumidor, el ciudadano, la opinión pública debe ser muy bien informada de las intenciones y medidas de un Gobierno, el efecto que tendrán y los sacrificios que se esperan, para que sean apoyados hasta por las fuerzas opositoras. Y, eso, no lo entiende el esquema de marketing político y comunicacional que llevan adelante Jaime Durán Barba y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en forma férrea.

El derrumbe escandaloso de kirchnerismo tuvo un efecto limitado para “diluir” el impacto del “sinceramiento” de las tarifas públicas. Para Junio, ya se había disipado, justo cuando las primeras facturas comenzaron a llegar a los hogares e impactaron sobre costos y poder adquisitivo de las familias e impulsó aumentos de precios; todas distorsiones que le otorgaron al kirchnerismo decadente un tema para atacar al macrismo. (...)".

Horacio Verbitsky en el diario Página/12:

"(...) El gobierno nacional no oculta que pone sus esperanzas en la Corte Suprema de Justicia, donde el franciscano Ricardo Lorenzetti duda si es posible compatibilizar su discurso pobrista con un tarifazo que supera todo lo padecido en la historia y el flamante ministro Horacio Rosatti se pregunta cómo afectaría su imagen debutar con el respaldo a semejante porrazo para el presupuesto de todas las familias del país.

Si la justicia frenó los aumentos porque el gobierno no dio la obligatoria participación en la discusión a los usuarios, la Corte tiene la oportunidad de poner en práctica su propio método de audiencias públicas, iniciado por su ex presidente Enrique Petracchi. Allí el tribunal podría plantear la cuestión desde la óptica del usuario (considerar los aumentos de todos los servicios en conjunto, ya que el pago sale del mismo bolsillo) y no con el criterio de las empresas, que quieren que cada servicio se trate por separado. También podría plantear la cuestión de los costos, que el gobierno alega pero sobre el que no informa.

El Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, solicitó que el tribunal se salteara las instancias intermedias y revocara las medidas cautelares dictadas por jueces y cámaras de distintos lugares del país que frenaron la aplicación de los aumentos dispuestos por el ex CEO y aun accionista de Shell, Juan José Aranguren. En la página de la Procuración del Tesoro no aparece el dictamen de su titular favorable al tarifazo. Pero en la página personal de Balbín aún es posible encontrar su opinión ante los aumentos de los servicios públicos, que iban del 10 al 30 por ciento según el consumo de cada uno, dispuestos en 2008 por CFK a poco de asumir la presidencia.

En un artículo publicado el 21 de agosto del año siguiente en la revista “La Ley”, titulado “Las tarifas de los servicios públicos”, Balbín opinó que “el carácter intempestivo y desproporcionado del aumento del servicio es, según nuestro criterio, irrazonable porque cualquier incremento debe ser debidamente fundado y particularmente gradual –es decir, tarifas justas y accesibles”. También argumentó que “las tarifas deben ser justas, razonables y accesibles” y respetar la “proporcionalidad”. (...)".

Eduardo van der Kooy en el diario Clarín:

"(...) El Gobierno enfrenta dificultades de toda índole que sólo el horrible espectáculo de la corrupción kirchnerista ayuda a enmascarar. Surge a la vista la impericia para aplicar el ajuste tarifario de los servicios. En especial del gas. El malestar social es profundo y era previsible. Pero nadie en el macrismo pareció calibrarlo de manera adecuada.

Un fallo de la Cámara Federal de La Plata congeló los aumentos. ¿No era factible, con el antecedente de la frustrada “sintonía fina” K, que así pudiera ocurrir? Alfonso Prat-Gay, el ministro de Hacienda, le arrimó en su momento a Juan José Aranguren una carilla con reflexiones en esa dirección. El ministro de Energía le respondió con una confianza incomprensible: “No pasará nada”, dijo. Se equivocó.

El macrismo reaccionó ante la adversidad recurriendo a la Corte Suprema. Hay en ese sentido una apelación que tramita el ministro Germán Garavano, pero que responde a la idea del Presidente. Ese recorrido podría resultar tortuoso. El máximo Tribunal está en la antesala del receso de invierno. En su próxima acordada podría avenirse a considerar el conflicto. Pero no habrá una salida expeditiva como requiere el Gobierno. Antes debería someterse a las audiencias públicas que, en la premura, fueron soslayadas. Hará falta también un dictamen de la Procuración General. El macrismo tuvo a mano una baraja que no supo explotar. Alejandra Gils Carbó produjo ahora ese dictamen pero relacionado con la “sintonía fina” K del 2011. Opinó que no sería materia judiciable el tema de las tarifas que establece el Poder Ejecutivo.

El Presidente corre peligro de meterse en un laberinto. Defendió su política tarifaria en el mensaje del Bicentenario que pronunció en Tucumán. Pero no habría seguridad sobre el camino tomado para saldar el pleito. ¿Se trata de un asunto judiciable o político? En esas aguas el macrismo debería bucear, tal vez, una solución. Todo el tiempo que demore en hallarla redundará en su perjuicio. Sucedió una mala praxis de origen: Aranguren priorizó con el ajuste imprescindible un ordenamiento de la macroeconomía, sin reparar que existe un tejido social muy dañado. El propio Presidente lo describió en la celebración en Tucumán. (...)".

Mariano Obarrio en el diario La Nación:

"(...) El freno judicial a la suba de tarifas caló hondo en el Poder Ejecutivo, que apelará el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que se produjo luego de otro de la Cámara Federal de Córdoba. Ambos deberían ser resueltos por la Corte Suprema, pero Macri buscará una solución la semana próxima para evitar otro revés judicial.

La pregunta más incómoda para los funcionarios fue el motivo de los incrementos de hasta 1500%, pese a que hace un mes el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había acordado con todos los gobernadores, ayer presentes, topes de aumentos de 400% para usuarios residenciales y de 500% para comercios.

Cuando LA NACION le preguntó por qué no se respetó ese máximo, Frigerio dijo: "Bueno entiendo, que en algunos casos se dio así y en otros estamos viendo las razones por las cuales no quedó tan claro este tema del tope del 400 %". Luego ensayó una explicación: "Tuvimos meses mucho más fríos que los del año pasado y eso también tuvo impacto en las tarifas. Pero estamos mirando el tema muy de cerca".

Consultado sobre si se podía corregir, Frigerio dijo ante la prensa que no se cierra "a nada" y que el Gobierno está dispuesto "a revisar lo que haya que revisar". Luego de lo cual aclaró: "Como lo hemos hecho siempre".

Una fuente del Gabinete confió que la semana próxima la llamada "mesa chica" de Macri analizará las correcciones posibles. Participarán Aranguren, Macri, Frigerio; el jefe del Gabinete, Marcos Peña; los vicejefes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, y el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, además del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y la vicepresidenta Gabriela Michetti.

"Se intentará buscar una manera para que no lleguen a la Corte los pronunciamientos de las dos cámaras federales", dijo un funcionario. (...)".

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